¿Cómo funciona el sistema público de pensiones en España?

El sistema público de pensiones es fundamental para garantizar el bienestar y la solvencia económica de casi 8,9 millones de personas en España. Un número que no ha parado de crecer: a principios de 2005, los pensionistas apenas superaban los 7,3 millones.

En los últimos años, el déficit estructural de este sistema ha ocupado portadas y centrado gran parte del debate político. Saber cómo funciona es fundamental para entender los retos a los que se enfrenta el Estado y la viabilidad futura de la jubilación tal y como la entendemos. Analizamos cómo funciona el sistema público de pensiones en España y los desafíos a los que se enfrenta.

La caja única y los principios del sistema

El organismo encargado de gestionar el sistema público de pensiones en España es la Seguridad Social. Su funcionamiento se basa en un principio de reparto: todos los trabajadores en activo contribuyen a una ‘caja única’ mediante el pago de cotizaciones. Con los fondos de esta caja se pagan las pensiones de jubilación y el resto de prestaciones sociales públicas (pensiones por viudedad y orfandad o el desempleo, por ejemplo).

Este sistema se basa en el principio de la solidaridad financiera: los trabajadores en activo sufragan las pensiones de aquellos ya jubilados, mientras que en el futuro ellos mismos se verán beneficiados del trabajo de las próximas generaciones.

La cuantía de las prestaciones va en relación a lo aportado económicamente a la Seguridad Social a lo largo de la vida laboral, siguiendo el principio de proporcionalidad contributiva. De esta manera, aquellos que han cotizado más y pagado cuotas más altas recibirán una pensión también más alta.

Es importante tener en cuenta que la pensión debe ser suficiente para garantizar un nivel de vida similar al que se tenía cuando se recibía un salario, de acuerdo con el principio de suficiencia de prestaciones.

Aquellos que no han contribuido económicamente al sistema (o lo han hecho, pero sin alcanzar los niveles mínimos) acceden a un nivel de prestaciones no contributivo, que cubre las necesidades más básicas. De esta forma, y siguiendo el principio de universalidad, todos los ciudadanos tienen acceso a servicios mínimos.


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∴ Imágenes | José Martín Ramírez C

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