En 2021, España tendrá por primera vez en su historia una ley de eutanasia. Si todo sale según los planes del Gobierno, esta ley despenalizará y regulará tanto la eutanasia como el suicidio asistido, hasta ahora castigados con diferentes penas que pueden incluir condenas de cárcel.
La aprobación de esta ley sería el resultado de largos años de lucha y reivindicaciones por parte de los defensores de esta práctica como un derecho fundamental. Aunque no supondría un punto final en su camino: algunos colectivos señalan que la proposición de ley es restrictiva y se podría mejorar.
A nivel político se han propuesto alternativas como la mejora de los cuidados paliativos, aunque esto –señalan algunos colectivos que llevan años demandándolo– no es algo incompatible con la eutanasia.
El derecho a morir
“La eutanasia, por definición, es la muerte voluntaria medicalizada”, explica Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), una asociación sin ánimo de lucro que defiende el derecho de las personas a elegir el momento y los medios de su muerte, especialmente cuando se trata de enfermos terminales e irreversibles.
“Nosotros llevamos años solicitando la regulación de la muerte médicamente asistida, bien la eutanasia o el suicidio asistido, tal y como se ha hecho en otros países, para aquellas personas que reúnan unos requisitos de enfermedad”, señala. “Esto significa que tiene que haber un proceso de deterioro que genera un sufrimiento intolerable”.
En la actualidad, este derecho cuenta con el apoyo de un amplio sector de la sociedad y la mayoría del Congreso de los Diputados. De acuerdo con un sondeo llevado a cabo por Metroscopia en 2019, el 87% de los encuestados se mostraron a favor de que los enfermos incurables tengan derecho a que los médicos les proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor.
A nivel político, el respaldo también es mayoritario. El pasado mes de febrero, la votación de la proposición de ley para regular la eutanasia en el Congreso de los Diputados terminó con 201 votos a favor, 140 votos en contra y dos abstenciones. El Gobierno señaló en aquel momento que la ley podría estar aprobada en junio. Sin embargo, la COVID-19 retrasó este plan, al igual que tantos otros. Ahora está siendo tramitada en el Congreso para acabar de dar forma a sus diferentes partes.
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∴ Imágenes | Unsplash/Bruno Martins
